Planteó los problemas edilicios del programa Educación Permanente para Adultos Mayores (EPAM) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a Alicia Bardón, vicerrectora y candidata oficialista a suceder al rector Juan Alberto Cerisola. Promovió un pronunciamiento de la Comisión Honoraria por el Centenario de la institución que integra en su carácter de profesor consulto. Como ninguna de las gestiones antedichas produjeron los frutos buscados, Antonio Gandur, titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, envió un SOS a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El juez y docente expuso el conflicto, y pidió la intervención de ese órgano en las cartas documento que el 19 de noviembre dirigió al secretario camporista Juan Martín Fresneda y a Luis Hipólito Alén, subsecretario de Protección de Derechos Humanos. Las misivas salieron de Tucumán con un video que recoge testimonios de descontento de adultos mayores, y presenta el estado de la ex central termoeléctrica de Agua y Energía (avenida Sarmiento al 1.100 de esta capital) donde el programa funciona desde abril de este año.

Gandur asimismo adjuntó una copia de la Resolución 0069 firmada por Cerisola y Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo de la UNT, que en marzo de 2009 autorizó la compra directa del local sito en la calle Muñecas 436 para destinarlo al EPAM. Este inmueble, que luego fue entregado a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, supuso el desembolso de U$S 1,17 millón pagaderos en pesos al cambio de entonces ($ 4.170.900) en favor del matrimonio constituido por Leonardo Elgart y Sara Lía Alperovich, respectivos cuñado y hermana del gobernador José Alperovich.

El profesor consulto de Derecho expresó a Fresneda y a Alén que la UNT trasladó al EPAM a la ex central en forma abrupta e inconsulta (hasta entonces, esos cursos de Extensión Universitaria eran dictados en la casona alquilada en la calle Virgen de la Merced 417). "El inmueble de Av. Sarmiento no sólo no cuenta con las instalaciones y características edilicias necesarias para llevar adelante las importantes actividades que ofrece el EPAM, sino que, además, presenta otros defectos estructurales entre los que se pueden enumerar la ausencia de condiciones sanitarias (con presencia de ratas, palomas y otras plagas); la existencia de temperaturas extremas; la dificultosa accesibilidad del lugar; la inseguridad de la zona, etcétera", describió.

Esas circunstancias perjudican a la comunidad del EPAM, que agrava su natural situación de vulnerabilidad, según el presidente de la Corte. "Todo lo cual ya provocó una sustancial reducción de las actividades y de los asistentes del programa (que oportunamente tuvo más de 1.300 alumnos)", acotó.

Tras relatar que hizo gestiones al respecto, Gandur manifestó: "el traslado del EPAM es una verdadera regresión en materia de derechos sociales y culturales, regresión que está vedada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales". El magistrado de 79 años juzgó que urgía poner el local de la Resolución 0069/2009 a disposición del programa. Y advirtió: "muy a nuestro pesar, a la fecha de esta misiva la UNT no ha implementado ninguna medida para solucionar el problema limitándose a divagaciones sobre supuestas tratativas por inmuebles ubicados en las calles Muñecas y Chacabuco 56. Es por ello que solicito la intervención de la Secretaría, sin perjuicio de acudir eventualmente también a los organismos internacionales de derechos humanos".

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Acto controvertido.- La resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que en 2009 autorizó la compra directa del local de calle Muñecas 436 para el programa Educación Permanente para Adultos Mayores (EPAM), consideró que, debido a la edad del alumnado, era necesario que la propiedad estuviese ubicada dentro de las cuatro avenidas para garantizar el fácil acceso. "Se requiere la celeridad de la compra debido a que el alquiler de la sede donde funciona el EPAM ha vencido siendo insostenible para la Secretaría de Extensión Universitaria el proceder a su renovación (...). El rector de la UNT (Juan Alberto Cerisola) aprueba la presente compra para los fines expuestos precedentemente", dice la resolución. Pero el local en cuestión fue ocupado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que en esa época comenzaba a remodelar la señorial Casa Remis de la calle 25 de Mayo. Aquella restauración concluyó en 2012, mas Derecho nunca devolvió el inmueble.

Bardón responde.- "La UNT cumple con los estándares adecuados en materia de educación no formal. Por ello entendemos que resulta excesivo poner en cabeza de nuestra casa todas las obligaciones que el Estado tiene primigeniamente en materia de ancianidad", manifestó Alicia Bardón, vicerrectora de la UNT, en la nota que el 7 de noviembre pasado envió a Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.